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sábado, 13 de abril de 2013

DAÑOS SOCIO-AMBIENTALES EN SONORA.


NI LA REPRESIÓN GUBERNAMENTAL, NI LAS LIMOSNAS EMPRESARIALES SON RESPUESTAS NI REMEDIO A LOS DAÑOS SOCIO-AMBIENTALES EN SOYOPA, SONORA.

El pasado 5 de abril el gobierno del estado de Sonora uso a la policía, entró al ejido de San Antonio de la Huerta, Soyopa, y detuvo y trasladó a Hermosillo a 51 hombres, mujeres y niños que exigían a la empresa minera Luz del Cobre reducir la contaminación y aumentar la cantidad por el pago de arrendamiento de sus tierras.

La minera Luz del Cobre, o Libertad, actual fachada local de la trasnacional canadiense Red Tiger Mining Inc (antes Zaruma Resources Inc) es un proyecto de minería de cobre a tajo abierto, con vida calculada entre 5 y 7 años, en tierras de vieja historia indígena Yaqui, Ópata y Pima.

Aunque los trabajos de la mina todavía no alcanza su actividad extractiva integral, y aunque los ejidatarios sólo les arrendaron 420 hectáreas, el proyecto minero ha mostrado su verdadera cara envenenada, los habitantes finalmente se han dado cuenta que las promesas o “perlas de la virgen” que la empresa minera y los funcionarios locales les prometieron, se vuelven verdaderas lagrimas por la destrucción ambiental y por el engaño económico y social.

Esta calculado que este año el proyecto empiece a escarbar y destruir las tierras ejidales para obtener diariamente 2,800 toneladas de mineral y alcanzar  entre 850 mil y un millón de toneladas de mineral al año.

Así, se ahondará un cráter, o tajo abierto, mientras 35 toneladas diarias o entre 10 mil o 12 mil toneladas de ácido sulfúrico al año se usarán para extraer las entre 6 mil u 8 mil toneladas anuales del codiciado cobre, mientras las nubes de acido venenoso se emiten a la atmósfera y los residuos tóxicos y los líquidos de la lixiviación (o disolución del mineral) tienen un destino desconocido como sucede frecuentemente por la complicidad de instituciones y funcionarios gubernamentales, estatales y federales.

En ese panorama, los ejidatarios que hace 5 años fueron engañados y convencidos para aceptar 40 mil pesotes anuales (3,333 dólares) por arrendar 420 hectáreas, aunque la empresa engañe y presuma ante inversionistas extranjeros que “posee” 11 mil hectáreas del ejido.

Los ejidatarios ahora están exigiendo un aumento de 20 mil pesotes más, sin saber que la empresa en sus informes financieros afirma que anualmente paga 190,444 dólares (2 millones 285 mil pesos) “por cambio de uso de suelo”  (facultad exclusiva del Ejido). Si esos 190 mil dólares son una miseria, pues representa el 0.56% de los 36 millones de gastos declarados por la empresa en 2012, 60 mil pesotes o 20 mil más de los actuales dan risa a cualquier accionista.

Se habían sentado a negociar  con la empresa y funcionarios estatales, pero un gobierno obediente a las trasnacionales aunque no a las leyes o tratados internacionales, decidió repetir la política porfiriana represiva y detener a los ejidatarios para “convencerlos” que la trasnacional es un proyecto “de desarrollo”.

Los ejidatarios han declarado que “En el nuevo acuerdo que buscábamos firmar con ellos, porque el anterior ya venció, les pedíamos acciones de limpieza del medio ambiente, que detuvieran la contaminación que llega hasta el Río Yaqui, y que aumentaran de 40 mil a 60 mil las aportaciones anuales por ejidatario”, precisó Sergio Acedo Miranda, presidente del comisariado ejidal de San Antonio de la Huerta.

Mucha gente sabe que Sonora, y aún más su capital Hermosillo, vive una situación crítica de escases de agua, de estrés hídrico, y los funcionarios públicos deberían apoyar las demandas ciudadanas de proteger los bienes escasos. Su conducta represiva no abona a una calificación inteligente, sino a una actitud servil a las mineras, aunque se atente contra el futuro de la región.

Los ejidatarios de Soyopa (que dicen que significa “Tierra Caliente” en lengua Yaqui) están solicitando solidaridad, y a la vez están aprendiendo como muchos otros pueblos a lo largo y ancho del país, que ni represión, ni limosnas empresariales son respuestas legales, ni mucho menos solución a los graves daños socio-ambientales del extractivismo minero depredador.

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